El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) confirmó una multa de 12.001 Unidades Indexadas (UI, que a hoy equivalen a $ 32.000) al Clearing de Informes que había aplicado la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (Urcdp) por violar la ley en la materia (N° 18.331 de agosto de 2008).

La Urcdp, que depende de la Presidencia de la República, multó en octubre de 2010 al Clearing de Informes (Equifax Uruguay S.A.) tras una denuncia formulada por OCA.

La financiera señaló que el Clearing estaba ofreciendo determinados servicios que implicaban "la venta en bloque" de datos personales de potenciales clientes, situación que podía configurar una clara violación a lo que prevé la ley 18.331.

Al terminar el correspondiente proceso administrativo, la Urcdp concluyó que el Clearing de Informes utilizaba los datos recibidos para fines de "prospección comercial" violando los artículos 8,9, 21 y 22 y de la ley 18.331 y también el contrato que vinculaba a la empresa con OCA y por esa razón aplicó la multa de 12.001 Unidades Indexadas.

El Clearing de Informes pidió la anulación de la multa ante el TCA, que una reciente resolución emitida por unanimidad de sus cinco integrantes, confirmó la sanción impuesta por el organismo de control estatal.

"En el presente caso es evidente que se ha violado el principio de finalidad. Los datos que Equifax Uruguay S.A. recibió para la finalidad prevista en el artículo 22 de le ley 18.331, fueron empleados para ofrecer servicios de prospección comercial", dice el fallo del TCA al que accedió El País.

La resolución agrega que el Clearing de Informes "no podía emplear los datos obtenidos de OCA y de otros clientes para fines distintos" a los previstos y regulados en el artículo 22 de la norma.


El fallo del TCA, firmado por los ministros Alfredo Gómez Tedeschi, Dardo Preza, Ricardo Harriague, Mariela Sassón y Juan Tobía, dice que "existió en el caso una conducta infraccional, consistente en haberse realizado un tratamiento de datos personales sin darse cumplimiento a los requerimientos establecidos por la ley".

La sentencia indica que la calificación de infracción "grave" dada por el organismo dependiente de Presidencia "no parece cuestionable dada la relevancia de las normas y principios conculcados".

Fuente EL PAIS