05 El comportamiento “CONDICIONADO” de los agentes

La importancia del eje social y el comportamiento de los agentes resultan ser factores fundamentales en el momento en el que se definen y deciden opciones tecnológicas en una organización, reafirmando la aproximación conceptual propuesta oportunamente al comienzo de esta investigación. La adecuada utilización de la tecnología en las organizaciones es algo que trasciende incluso a la posibilidad material de contar con los medios económicos para obtenerla (que es uno de los factores limitantes que usualmente se invoca para impedir los desarrollos). No es suficiente contar con capacidad de financiamiento para poder comprar las tecnologías requeridas. No se trata de contar con informática y comunicaciones para poder utilizar a información y aplicarla a los procesos productivos. Como ya comentamos, las organizaciones deberían prepararse para integrar redes de valor agregado en un contexto cada vez más afín con las propuestas de la “tercera ola” para manejar mejor los conocimientos de los agentes como gran desafío cultural, antes que económico.

Los frenos al cambio en las organizaciones estatales, operan de manera eficiente. Ante los desafíos que procuran renovar estructuras y procesos de las organizaciones, la “máquina de impedir” localmente bien asentada, funciona de manera disfuncionalmente eficaz. La normativa nacional y departamental “encorseta” el accionar de las oficinas públicas. En términos generales, el procedimiento administrativo uruguayo opera como un proceso general (“meta-proceso”) previamente fijado y regulado, que obligatoriamente debe utilizar la Administración Pública para cumplir las actividades que legalmente le competen, sin apartare en lo más mínimo para no ser objeto de cuestionamientos de los organismos de contralor. Es por ello que se habla figuradamente de “reglas de juego” para describir genéricamente dicho proceso. Reglas de juego que establecen estados que se suceden parsimoniosamente en el tiempo y que comienzan en una fase preparatoria, siguen con una decisoria, continúan con una fase “integrativa” (notificación) y finalmente culmina con la ejecución material, que sería la conclusión formalmente deseada de cada proceso considerado individualmente. Sin embargo, este último estado de un largo proceso, muchas veces se ve relegado.

No se trata de caprichos individuales de algunos burócratas que simplemente exigen que se cumpla lo establecido en las normas. Se desarrollan “constelaciones culturales” compatibles con estas normativas que definen cómo se puede actuar, quién tiene las autorizaciones y cuándo tendría que hacerlo. Se construye efectivamente de un “meta-proceso” regulado por principios fundamentales como por ejemplo: servir a los intereses generales (imparcialidad), ajuste a la realidad de los hechos (verdad material), ductilidad para el logro del fin (flexibilidad), expresión clara de causa o motivo (motivación de la decisión) y libre flujo de información. El decreto Nº 500/1991 establece detalles sobre la actuación administrativa y las regulaciones de los procedimientos que son necesarios conocer para saber a qué atenerse cuando debemos actuar en el contexto de los servicios del Estado. Todo un modelo conceptual que se legitima a partir del deber-ser, más allá incluso de los propios resultados prácticos – buenos o malos - generados durante la aplicación de la normativa. Lo que muchas veces impide que funcionen los mecanismos para hacer marchar los negocios. Esto reafirma el diagnóstico regional del modelo burocrático expuesto por Randall Baker (1989).